| 09.07.10 - PANAMÁ |
Natasha Pitts *
Adital -
Panamá continúa conmovido por conflictos generados por la Ley 30, mecanismo que les saca garantías a los trabajadores, promueve la impunidad, incentiva la violencia policial y afecta el medio ambiente. Los conflictos entre miembros de organizaciones sociales del país y las fuerzas anti disturbios ya dejaron seis muertos y alrededor de 150 heridos. El foco de las movilizaciones y conflictos está en Changuinola, en el municipio de Bocas Del Toro. En las primeras horas de la mañana de ayer (8), los miembros de organizaciones sindicales, indígenas, campesinas y pueblos en general entraron en conflicto con las fuerzas de seguridad de Panamá, durante las movilizaciones por la derogación de la Ley 30. Las fuerzas de seguridad respondieron a las protestas con violencia y bombas de gases lacrimógenos, dejando muchos heridos y a la población con la salud vulnerada. La fuerte represión también provocó varias detenciones.
Para terminar con las movilizaciones y los embates entre policía y manifestantes, a la noche, las autoridades locales decretaron el toque de queda. Aún así, la población permaneció en las calles. Los manifestantes no aceptan la actitud del gobierno de aprobar una legislación a puertas cerradas y poner en vigencia un mecanismo que hace que Panamá retroceda más de 20 años en materia de derechos humanos, laborales y ambientales. El día 12 de junio, la Asamblea Nacional de Diputados se reunió a puertas cerradas con el pretexto de debatir la Aviación Comercial. Cuatro días después, cuando la Ley fue publicada en el Diario Oficial, se concretizaron las sospechas de la población de que el gobierno de Ricardo Martinelli planeaba la reforma de Leyes Nacionales para preparar el territorio para una intensa inversión extranjera en el país.
Según informaciones del Colectivo Voces Ecológicas, la Ley 30 fue presentada por Raúl Mulino, Ministro de Gobierno y Justicia, y por Roxana Méndez, Ministra de Seguridad, que firmaron sin autoridad legal para eso, ya que en esa época eran ministros de otros cargos ministeriales.
Las discordancias con las políticas de Martinelli no comenzaron después de la aprobación de la Ley 30. En los últimos meses, las actitudes del Gobierno ya venían atacando y persiguiendo a defensores y defensoras de los derechos humanos, a periodistas que difundían noticias con las promesas de campaña incumplidas y también a los profesores.
Prueba de esta persecución fue el secuestro de Roberto Castillo, llevado de su casa en Changuinola, por agentes de la policía. Hasta el momento no se sabe el paradero del docente. En virtud de esto, la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE) está planeando una paralización y llamando a una huelga nacional de los docentes panameños. Para mantener la seguridad y la paz, la Universidad de Panamá fue cerrada.
A fin de eximirse de responsabilidad por la situación caótica que vive el país, Ricardo Martinelli envió un comunicado que fue considerado por la población como una broma, ya que el mandatario retira de sí toda culpa por los hechos y las pone en las empresas, que se atrasaron en la entrega de salarios y no retuvieron la contribución sindical.
"Bocas Fruit Company incumplió la ley al retener salarios de los trabajadores y al no descontar la cuota sindical. (...) El Gobierno lamenta que por una mala interpretación de esta empresa, se haya perjudicado a los trabajadores", dice el comunicado haciendo referencia a la huelga de los trabajadores de Bocas Fruit Company, iniciada el día 3.
En un intento por resolver los conflictos, el Gobierno convocó a un Consejo de Gabinete con carácter de urgencia. Las organizaciones sociales creen que de esta reunión van a salir nuevas medidas represivas y de persecución, inclusive la suspensión de las garantías fundamentales. El Consejo de Gabinete se realizará antes del viaje de Martinelli hacia África del Sur, para asistir a la final de la Copa del Mundo de Fútbol.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
Para terminar con las movilizaciones y los embates entre policía y manifestantes, a la noche, las autoridades locales decretaron el toque de queda. Aún así, la población permaneció en las calles. Los manifestantes no aceptan la actitud del gobierno de aprobar una legislación a puertas cerradas y poner en vigencia un mecanismo que hace que Panamá retroceda más de 20 años en materia de derechos humanos, laborales y ambientales. El día 12 de junio, la Asamblea Nacional de Diputados se reunió a puertas cerradas con el pretexto de debatir la Aviación Comercial. Cuatro días después, cuando la Ley fue publicada en el Diario Oficial, se concretizaron las sospechas de la población de que el gobierno de Ricardo Martinelli planeaba la reforma de Leyes Nacionales para preparar el territorio para una intensa inversión extranjera en el país.
Según informaciones del Colectivo Voces Ecológicas, la Ley 30 fue presentada por Raúl Mulino, Ministro de Gobierno y Justicia, y por Roxana Méndez, Ministra de Seguridad, que firmaron sin autoridad legal para eso, ya que en esa época eran ministros de otros cargos ministeriales.
Las discordancias con las políticas de Martinelli no comenzaron después de la aprobación de la Ley 30. En los últimos meses, las actitudes del Gobierno ya venían atacando y persiguiendo a defensores y defensoras de los derechos humanos, a periodistas que difundían noticias con las promesas de campaña incumplidas y también a los profesores.
Prueba de esta persecución fue el secuestro de Roberto Castillo, llevado de su casa en Changuinola, por agentes de la policía. Hasta el momento no se sabe el paradero del docente. En virtud de esto, la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE) está planeando una paralización y llamando a una huelga nacional de los docentes panameños. Para mantener la seguridad y la paz, la Universidad de Panamá fue cerrada.
A fin de eximirse de responsabilidad por la situación caótica que vive el país, Ricardo Martinelli envió un comunicado que fue considerado por la población como una broma, ya que el mandatario retira de sí toda culpa por los hechos y las pone en las empresas, que se atrasaron en la entrega de salarios y no retuvieron la contribución sindical.
"Bocas Fruit Company incumplió la ley al retener salarios de los trabajadores y al no descontar la cuota sindical. (...) El Gobierno lamenta que por una mala interpretación de esta empresa, se haya perjudicado a los trabajadores", dice el comunicado haciendo referencia a la huelga de los trabajadores de Bocas Fruit Company, iniciada el día 3.
En un intento por resolver los conflictos, el Gobierno convocó a un Consejo de Gabinete con carácter de urgencia. Las organizaciones sociales creen que de esta reunión van a salir nuevas medidas represivas y de persecución, inclusive la suspensión de las garantías fundamentales. El Consejo de Gabinete se realizará antes del viaje de Martinelli hacia África del Sur, para asistir a la final de la Copa del Mundo de Fútbol.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?boletim=1&lang=ES&cod=49297
* Periodista de Adital
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